Por Nayareth Quevedo M.
Secretaria Subregional Cono Sur
Internacional de Servicios Públicos (ISP)
Los servicios públicos son considerados como la base para una sociedad más justa y para el desarrollo económico, social y cultural de nuestros países. Hacen que nuestras comunidades y economías sean más equitativas y fuertes frente a las crisis económicas, sociales y naturales, al tiempo que protegen a las personas más jóvenes, vulnerables, enfermas, discapacitadas, desempleadas o mayores. En ese sentido, los servicios públicos son un mecanismo del Estado para cumplir las obligaciones que emanan tanto de los derechos humanos como de igualdad de género y justicia social . De este modo, los servicios públicos son el modo en que los estados garantizan el bien común , siendo los cimientos de una sociedad más justa e igualitaria. Conforman el pacto social hacia la materialización de valores fundamentales como la solidaridad, igualdad y dignidad humana, siendo las formas institucionales de reunir esfuerzos para enfrentar los desafíos y necesidades comunes, definidas socialmente y que van cambiando a lo largo del tiempo .
Las y los empleados públicos son fundamentales, dado que son quienes materializan los servicios públicos, siendo los encargados de desarrollar las labores que implica la búsqueda del bien común por parte de los Estados y la garantización de los derechos fundamentales. Es por ello que debe reconocerse el valor del trabajo del servicio público, debiendo los Estados garantizar condiciones laborales justas, seguras y saludables, teniendo ellos acceso a seguridad social con remuneraciones justas que permitan acceder a una vida digna para ellos y sus familias, sin discriminaciones de ningún tipo .
Las últimas décadas de propaganda neoliberal global, han convertido a los servicios públicos en un espacio de privatización en beneficio de empresas que buscan rentabilizar con derechos sociales y humanos a través de la captura rentista de recursos colectivos. Ello ha implicado importantes inversiones para crear condiciones que faciliten la privatización, por medio de regulaciones legales que facilitan la atracción y protección de agentes privados. Un componente fundamental de esta privatización ha sido la supresión de empleos públicos y la precarización de sus condiciones para la disminución de los costos de los servicios públicos. De este modo, se han mermado las condiciones de trabajo, los salarios y el poder de los sindicatos, de tal modo de avanzar hacia una externalización de las funciones públicas, afectando principalmente a mujeres . Se ha profundizado un trabajo precario caracterizado por inseguridad laboral, horarios fragmentados, salarios bajos y un acceso acotado a prestaciones laborales, contribuyendo a la agudización de las desigualdades. Esto últmo planteado en la Resolución N°16: Trabajo Precario. En: Resoluciones adoptadas por el congreso. Volumen N°3 del 30° Congreso Mundial de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP).
América Latina ha sido percibida tradicionalmente como una región de Estados grandes, pero débiles, con baja capacidad de dar respuesta a las necesidades de su población. Buena parte de esta debilidad se debe a la histórica falta de un sector público desarrollado, que cuente con profesionales estables. Esto se vincula a problemas de ineficiencias, desproporcionalidad y formalismos, que se suman a una situación de discrecionalidad y captura que devienen en una sobre burocratización formal e infra burocratización real. El sector público se vuelve espacio para negociación de cambios políticos y económicos, con consecuencias relevantes para el desarrollo de las funciones públicas .
En este contexto, la organización de las y los trabajadores del sector público resulta fundamental. La disputa por un fortalecimiento de la negociación colectiva y la mejora en las condiciones de trabajo de este sector requieren de organizaciones fuertes para revertir las políticas privatizadoras.
Las y los trabajadores públicos en Paraguay
La situación de los trabajadores en Paraguay da cuenta de la necesidad de avanzar en un fortalecimiento de la institucionalidad laboral y de seguridad social. Dentro de los principales problemas que encontramos en el mercado de trabajo paraguayo está la informalidad, llegando sus consecuencias a ser incluso más importantes que el desempleo en sí mismo. Y en el caso de los trabajadores de servicios públicos es posible observar una precarización y baja formalización de las condiciones laborales, fruto de intensas políticas neoliberales que no fueron significativamente resistidas en buena medida por las bajas tasas de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva en el país.
Los problemas de los empleados públicos están estrechamente relacionados con las diferentes políticas que han sido impulsadas por el Partido Colorado. En 1955, en el contexto de una partidización del Estado y una falta de modernización industrial, se obligó a todos los oficiales públicos a afiliarse al partido, lo que provocó una fuerte desprofesionalización de los empleados del Estado, afectando gravemente la modernización del aparato público y contribuyendo al desprestigio de la función pública. Desde entonces, se ha desarrollado una historia con importantes casos de corrupción y clientelismo político que han desprestigiado significativamente la función pública . En un esfuerzo por mantener el control de la población, el Partido Colorado realizó una absorción acelerada de la fuerza de trabajo en el sector público en la década de 1980 , incrementando significativamente el empleo público, sin que ello implicase una mejora en las condiciones laborales, persistiendo una baja formalización de la carrera funcionaria y bajos salarios.
Si bien en 1992 la nueva constitución establece derechos en materia de derechos laborales, estimulando la lucha por mejores condiciones de vida, una falta de una política clara de modernización y profesionalización del sector público tuvo consecuencias importantes en las y los trabajadores. Las causas de esta precarización se encuentran en el nepotismo y clientelismo que truncaron las posibilidades de desarrollo de una burocracia profesional.
La situación general se expresa con claridad en la regulación de la función pública. La ley N°1626, promulgada durante el año 2000, regula la Función Pública estableciendo las condiciones de su desarrollo y los derechos y deberes de las y los funcionarios. Si bien en dicha regulación se recogen algunos de los principios que informan la función pública a nivel internacional, existen una serie de disposiciones que relativizan la materialización de estos principios. En primer lugar, no existe un estatuto completamente diferenciado entre empleados públicos y privados, en virtud de que las relaciones entre el Estado y sus funcionarios es una relación regulada principalmente por el Código Civil y el Código del Trabajo, donde la ley sobre la función pública sólo regula algunos aspectos parciales. En ese sentido, los conflictos litigiosos entre los funcionarios y el Estado son de competencia civil (Artículo 5 de la ley N°1626).
Si bien la regulación de la función pública establece la posibilidad de alcanzar una estabilidad en la función pública, dicha estabilidad no obsta a la remoción por diferentes motivos, como la supresión o fusión del cargo o la misma destitución. Una situación que si bien se encuentra regulada en el citado cuerpo normativo, se remite en gran medida a la regulación al Código del Trabajo, reafirmando la privatización de las relaciones funcionarias. Por otra parte, si bien existe una secretaría de la función pública, esta aparece como insuficiente en el contexto de una regulación débil del empleo público, tanto en relación con la propia carrera como con el régimen de seguridad social de los funcionarios.
Desafíos para el movimiento sindical
El trabajo en los servicios públicos en Paraguay, de este modo, encuentra como parte de sus problemas los déficit de profesionalización y especialización de las y los trabajadores y la ausencia de instrumentos para su capacitación; una debilidad presupuestaria asociada a las políticas neoliberales de austeridad del gasto público; déficit importantes en materia de seguridad social; una captura del Estado por parte del partido del gobierno y un fuerte nepotismo y corrupción muy extendidas en los diferentes servicios públicos .
De este modo, se observa la necesidad de un fortalecimiento de la institucionalidad, al tiempo que avanzar en la formalización del mercado laboral y en un reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores. Una necesidad que es expresada por los mismos trabajadores de los servicios públicos al considerar como reivindicaciones principales la estandarización de sueldos e incentivos según capacidades, nivel de estudio y/o el cumplimiento de tareas; la constitución de una verdadera estabilidad; el establecimiento de un estatuto público diferenciado; el acceso a posibilidades de capacitación continua y planificada; y la formación de mecanismos de selección y contratación para la incorporación del trabajo en el Estado . En definitiva, la construcción de una carrera funcionaria moderna para los desafíos del siglo XXI.
Y por último, abogar también por la defensa y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y de salud pública para las y los trabajadores de los servicios públicos. Para ello, no solo es necesario oponerse a las políticas privatizadores, sino que es fundamental elaborar propuestas que den solución a los altos niveles de desprotección laboral y que solucionen los dilemas de financiamiento y sostenibilidad existentes tanto para el sector público en particular, como para la sociedad paraguaya en general.
