El debate en torno al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) adquiere especial relevancia en contextos como este, de crisis múltiples y en el que sectores neurálgicos para una sociedad, como es el caso de la salud pública, merecen especial atención. El PGN establece el destino de los recursos públicos, es decir, en qué, cómo y cuánto el gobierno decide gastar y qué sectores serán incentivados o no con la distribución de esos recursos. O, dicho de otro modo, el PGN refleja no solo el plan de gastos de una Nación, sino que refleja sobre todo los intereses de los diferentes sectores económicos.

Así, tenemos un proyecto de PGN que continua privilegiando a los sectores económicos más poderosos, como es el caso del complejo agroindustrial, al sector financiero y las élites que gobiernan el país, sosteniendo un esquema tributario regresivo y desigual, que hace recaer el costo de mantener la estructura del Estado y de la actual crisis sobre las mayorías trabajadoras, mientras se apuesta a más deuda pública para dinamizar la economía y sostener el aparato estatal, proyectando para el 2021 la emisión de deuda por 600 millones de dólares.

El PGN 2021 contempla un plan de gastos por 85,7 billones de guaraníes, aproximadamente unos 12.100 millones de dólares, lo que representa un 0,6% menos que el presupuesto aprobado para el año 2020, antes de declararse la pandemia; el cual se presenta bajo el discurso de la supuesta racionalización (ajuste) del gasto, con la intención de retornar a un déficit del 1,5% y en donde el ajuste se pretende realizar a través de una Reforma del Estado que presenta al aparato estatal como una masa gigantesca que debe ser reestructurada para lograr su eficiencia.

Del total presupuestado, unos 5.8 billones de guaraníes, equivalentes a unos 819 millones de dólares serán destinados al Ministerio de Salud. Es preciso señalar que el PGN 2021 presenta recortes en determinadas áreas del sistema de salud, lo que no permite garantizar el programa de inversiones, no solo en infraestructura y equipamientos médicos necesarios para fortalecer el sistema público, sino también en profesionales de la salud y en donde el déficit de este sector representa unos 1.3 billones de dólares.

En este sentido, la desigual estructura tributaria junto con la corrupción y la malversación de recursos públicos, ubica a Paraguay como uno de los países que menos invierte en salud pública en la región, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (2020), lo que implica que el Estado no pueda garantizar el acceso a salud pública, gratuita, universal y de calidad, haciendo que los costos asociados a la salud sean mucho mayores para las familias, lo que necesariamente deriva en la exclusión del sistema de quienes no puedan costear las enfermedades.

Lejos de garantizar el acceso a la salud y, a pesar del aumento de los recursos destinados al sistema sanitario, que pasaron de Gs. 1.665.695.843.730 en el año 2015 a unos Gs. 1.815.640.132.336 en el año 2018; esto no ha significado la universalización de la salud, sino todo lo contrario, pues en la misma proporción en la que aumentaron los recursos destinados a salud, también se incrementó el gasto real en salud que realiza cada individuo, pasando de Gs. 246.560 en el año 2015, a unos Gs. 257.429 en el año 2018.

En suma, esto refleja que al problema del financiamiento de la salud se le añade la pésima gestión de los recursos públicos, la corrupción y la malversación de fondos del Estado, perjudicando -una vez más- a aquellos más vulnerables