La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido
como «trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)» sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente- asalariado, o independiente-autoempleo).
Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo
social y el tripartismo.
Considerando el objetivo N° 8, de Desarrollo Sostenible; de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, la situación de trabajo decente en el Paraguay es bastante desalentador. Existe una gran brecha, se cuentan con normativas como el Código Laboral, la Ley 1626 de la Función Pública, convenios internacionales ratificados que garantizan condiciones laborales adecuadas, pero en la realidad el incumplimiento de dichas normativas da paso a una
precarización laboral.
Según datos consultados, existe aproximadamente un 27 % trabajadores sin seguridad social; 1.392.000 empleados del sector privado, 411.000 funcionarios públicos, 154.000 empleadores informales, 1.066.000 trabajadores que son cuentapropistas y empleos domésticos 232.000 personas.
Los datos realmente son alarmantes, urgen un abordaje de acciones para la formalización laboral en el país. Si observamos la situación laboral del sector de la Enfermería, existen aproximadamente 26.000 enfermeras y enfermeros que trabajan en el sector público; llámese MSP y BS, Instituto de Previsión Social y Hospital de Clínicas. De las cuales el 45 % se encuentran en planilla laboral y cuentan con aporte jubilatorio y otros reciben un monto de aproximadamente 300.000 guaraníes para el seguro médico. En contrapartida, un 55 % se encuentra en situación de contratados, que son renovados anualmente, este grupo no cuenta con aporte jubilatorio, ni
seguro médico.
Si bien, el sector de Enfermería ha dado pasos muy alentadores con la promulgación de la Ley 6625 “Que establece la Carrera de Enfermería” proceso que ordenó al sector, permitiendo un salario más acorde a la formación y experiencia específica. A la fecha un total de 2.500 profesionales de la enfermería pasarán a percibir el salario acorde al escalafón establecido en la Ley y se prevé 2.500 para el 2023. La normativa establece un proceso de cinco años para el ingreso del total de los profesionales activos, generando cada año la oportunidad de ingreso al primer empleo, también al escalafón y la promoción a los diferentes subniveles.
Son signos de mejoría, no obstante, sigue existiendo deuda con el sector de Enfermería, como por ejemplo la seguridad social, el pago por turno nocturno, pago por días feriados y festivos, seguridad ocupacional como establece el Código Laboral, la Ley 1626 de la Función Pública y leyes que regulan el ejercicio de la Enfermería en el país. La lucha debe continuar y la unidad es la clave.
Debemos seguir con fuerza inspirados en esta frase de Florence Nightingale “Prefiero diez veces morir en el mar nadando hacia un nuevo mundo, que quedarme quieta en la playa con los brazos cruzados”.
